El dictamen de reforma constitucional para regular la deuda subnacional, que ayer aprobó por mayoría el Senado de la República, introduce la figura de deuda estatal garantizada (DEG), cuyo propósito es establecer un límite al endeudamiento que puede estar garantizado con participaciones federales.
Se trata de un mecanismo de reducción del costo financiero de entidades altamente endeudadas para reestructurar su deuda con aval de la garantía federal, previa solicitud y firma de convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La deuda estatal garantizada está limitada a un monto de 3% del PIB y es de aplicación gradual a 3 años.
De acuerdo con información de la SHCP, el saldo de las obligaciones financieras de las entidades federativas y los municipios ascendió a 2.9% del PIB al cierre de diciembre de 2012.
Disciplina financiera
El mecanismo de DEG está diseñado para ayudar a los gobiernos locales sobreendeudados, que a cambio se tendrían que someter a un programa de ajuste fiscal.
De hecho, para tener acceso al esquema de DEG, tendrían que firmar un convenio con la Federación para obligarse a alcanzar objetivos de responsabilidad hacendaria, con metas específicas e indicadores para medir su grado de cumplimiento.
En función de los resultados del ajuste en sus finanzas públicas, los estados y municipios tendrían derecho a utilizar la DEG hasta por un límite de las particiones federales y los ingresos propios.
Se prevé que ese límite sea de 75%.
El saldo de las obligaciones financieras de los estados y municipios representó un máximo histórico de 86.1 por ciento de las participaciones federales al cierre de diciembre de 2012.
Entidades endeudadas
En 8 entidades federativas el saldo de la deuda como proporción de sus participaciones, que son su principal fuente de ingresos, es de 100% o más.
Son los casos de:
Prácticamente en la cuarta parte de las entidades federativas, la deuda es tan grande que ni todos los recursos que reciben de las participaciones federales alcanzarían para liquidarla.
Los casos extremos son Coahuila, que para liquidar su deuda necesitaría casi tres veces el monto total anual de sus participaciones federales, así como Quintana Roo y Nuevo León, que ocuparían más del doble de esos ingresos para solventar sus obligaciones financieras.
Lógicamente, los estados candidatos al mecanismo de DEG son:
Sistema de alertas
Según el dictamen aprobado, después de debatir mucho sobre el tipo de controles políticos que debería ejercer la Federación sobre las entidades federativas y municipios en materia de endeudamiento, las comisiones dictaminadoras -la de Puntos Constitucionales, la de Estudios Legislativos Segunda y la de Hacienda y Crédito Público- decidieron facultar al Senado para sancionar las estrategias de ajuste de finanzas públicas de los estados que tengan niveles elevados de deuda, calificados por un "sistema de alertas".
Para tal efecto, tendrán que ser enviadas a esa instancia legislativa las estrategias de ajuste que se vayan a llevar a cabo e incorporar en los convenios que esos órdenes de gobierno pretendan celebrar con el gobierno federal para tener acceso al mecanismo de DEG cuando tengan niveles elevados de endeudamiento.
Al respecto, el Senado, a través de la Comisión de Hacienda, podrá sancionar esa estrategia o, en su caso, objetarla si considera que no es viable.
Los "bien portados"
El Senado también conocerá los convenios que hayan sido celebrados por las entidades que no tengan niveles elevados de endeudamiento, pero que buscando reducir el costo financiero de su deuda, decidieron acceder a ese mecanismo financiero.
Los estados financieramente sanos no tendrán la obligación de suscribir estrategias de corrección.
El mensaje es que si siguen "portándose bien", van a tener esa garantía disponible, que -en este caso- funciona como la línea de crédito flexible para México del Fondo Monetario Internacional.
El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados.
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